He sostenido en varias ocasiones, que una cosa es estar preocupado por un problema, y una muy distinta es comprender a cabalidad la estructura interna del mismo. Más aún, aún comprendiéndolo, hay todavía un largo trecho en tener claridad sobre cómo se debe resolver tal cuestión, como la de los pobres.
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Eso es exactamente lo que está ocurriendo en la presente administración federal, en la cual se ha hecho del combate a la pobreza una de sus principales banderas, pero es un fenómeno frente al cual lo hecho ha tenido efectos prácticamente nulos y en muchos sentidos, de hecho, se trata de resultados regresivos.
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Se ha dejado de lado esta discusión en lo público, ante las calamidades diarias que el país debe enfrentar; sin embargo, ahí siguen los negocios, sobre todo medianos y pequeños, que han quebrado o que se han reducido a su mínima capacidad operativa; ahí están los empleos que no se han recuperado; ahí está la inflación en los precios de los alimentos, que tiene un importante efecto en los bolsillos de los más pobres; y ahí están los millones que carecen de seguridad social, servicios de salud y servicios públicos elementales como el agua.
Para ellos no hay más que discursos de contrición personal; pero políticas públicas efectivas, nada. Para los pobres, ya se vio con la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, incluso los que se han presentado a sí mismos como “gobiernos progresistas”, sólo han ofrecido servicios pobres, manchados además por la sombra de una corrupción con rostro auténticamente negligente y criminal.
A casi tres años de haber iniciado el gobierno federal, la estrategia inicial planteada para superar la pobreza, cuya diferencia con el pasado se encuentra fundamentalmente en la entrega de recursos y acciones de manera directa a los beneficiarios, no se ha modificado en nada más; cuando la realidad y circunstancias que caracterizan a la pobreza nacional se han transformado radicalmente.
En este escenario, hay que decirlo, la política social del gobierno de la República es una calamidad que no tiene ni pies ni cabeza. Sin un Plan Nacional de Desarrollo serio; y sin Programas Sectoriales ni Institucionales medianamente bien construidos, la administración pública ¿avanza?, dando tumbos.
De acuerdo con el Dr. Fernando Cortés y Héctor Nájera, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, la proporción de personas en pobreza por ingresos creció en México aceleradamente durante la pandemia; el dato oscila entre 7 y 12 puntos porcentuales adicionales a los estimados en el 2018 por el CONEVAL. Estas estimaciones son consistentes con los presentados por la Universidad Iberoamericana y por otras y otros investigadores independientes; pero también con los análisis preliminares del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Así, el problema al que nos habremos de enfrentar el próximo mes de julio, cuando el CONEVAL presente su nueva medición multidimensional de la pobreza será, sin embargo, prácticamente el mismo: porque estaremos ante el mismo gobierno que no comprende el fenómeno, y que se niega a reconocer que lo que está haciendo está muy lejos de ser lo necesario para avanzar positivamente en la reducción del número de personas en pobreza, en cualquiera de sus dimensiones.
¿Cuál es la nueva política social que desarrollará la administración federal ante una cifra cercana o superior a los 60 millones de personas en pobreza? ¿Será la misma receta neoliberal que ha seguido hasta ahora, consistente en repartir dinero, asumiendo que los individuos todos son altamente racionales, y que hay un mercado eficiente que distribuye equilibradamente la riqueza y oportunidades?
Lamentablemente todo parece indicar que así será. Y por ello debe alzarse la voz y convocar al gobierno de la República a que deje de actuar de manera excluyente; que deje de considerar enemigos de la patria a quienes señalan sus yerros; y a reconocer que, en el corazón de la propuesta del Ejecutivo Federal, hay un hueco inmenso; porque si a alguien le está fallando, es particularmente a quienes viven en las peores condiciones de pobreza.
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Investigador de PUED-UNAM
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