¡Ya no más!

por Claudia Magaña / Alejandro Macías

El caso de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) es un ejemplo de lucha por la preservación de la identidad étnica, en la cual la soberanía alimentaria es un componente fundamental para la reproducción y  permanencia de los grupos étnicos en Oaxaca. La consigna del respeto por los territorios parte de uno de los principios fundamentales que debemos considerar para la erradicación de la desigualdad alimentaria: “la soberanía alimentaria”.

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La perspectiva que domina el escenario nacional respecto del problema del hambre y la desigualdad alimentaria de los grupos étnicos en México ha privilegiado los modelos desarrollistas y el neoliberalismo económico. Dichos modelos parten del principio de que el mercado es capaz de resolver estos problemas y, que en todo caso, sus fallas pueden ser superadas a través de políticas públicas y económicas compensatorias por parte del Estado. Adicionalmente, se ha privilegiado al mercado internacional sobre el nacional como un factor fundamental para el desarrollo de los países a través de la explotación de sus ventajas comparativas y competitivas. Con base en esta perspectiva de desarrollo, hoy vemos, por ejemplo, el “boom” de la agricultura industrial orientada a la exportación, así como el reciente impulso a las industrias productoras de energías renovables.

La desigualdad e inequidad social, económica y alimenticia se han agudizado. Esto parece ser una consecuencia lógica de un modelo de desarrollo que privilegia a los grupos de poder, restringiendo la participación de las mayorías. Como señala Armando Bartra en el caso de la agricultura, “en el modelo agroexportador no caben los campesinos” puesto que “desde la década de 1980 quienes gobiernan están convencidos de que la agricultura debe someterse ciegamente a las necesidades del mercado”. Al actuar de esta forma y olvidar a “los habitantes del país”, los aparatos estatales creados para la atención y “solución” de los “problemas” terminan por incapacitar, inmovilizar, oscurecer y negar la capacidad organizativa inherente a las comunidades étnicas y poblaciones rurales.

Para comprender las posibles soluciones a dicho problema, es necesario recuperar un concepto/demanda clave que se gestó en el Movimiento Mundial Campesino, la “Soberanía Alimentaria”. A la luz de dicho concepto es necesario entender por qué el concepto de “seguridad alimentaria”, utilizado por organismos internacionales, y apropiado por muchos estados e intelectuales, es insuficiente para desarrollar las políticas apropiadas para resolver los problemas fundamentales como el hambre, la desnutrición y la desigualdad alimentaria.

Alternativa silenciada

De acuerdo con la FAO, “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana (I)”.

A pesar de su intento por superar algunas fallas previas que tenía el concepto de seguridad alimentaria, esta nueva definición de la FAO no termina por lograrlo, pues no establece qué tipo de alimento, su lugar de procedencia, la calidad del mismo, las maneras de obtenerse o los elementos culturales que están detrás de las decisiones sobre qué alimentos consumir. Con ello, tal definición cae en un problema de ambigüedad, pues pareciera que se extrae a la persona de su contexto sociocultural y económico en sus decisiones de alimentación, siendo “otros” los que deciden al respecto.

Por otro lado, el concepto de seguridad alimentaria así definido, conlleva detrás la intención de privilegiar el desarrollo de la agricultura capitalista e industrial, al argumentarse que son las empresas las únicas capaces de producir los alimentos con eficiencia, con lo cual se puede atacar el problema del hambre. Las recientes declaraciones del Director General de la FAO, José Graziano Da Silva, en las que promueve que los gobiernos y al mundo social vean al sector privado como motor de la alimentación mundial al ser eficiente y dinámico, contra lo anacrónico que, según él, es la agricultura campesina, tienen dicha intencionalidad en un mundo controlado por las corporaciones trasnacionales, las cuales parecen regir el destino de las políticas públicas en todo el mundo (Sharma and Gupta, 2006).

Al promoverse un modelo en que los alimentos se convierten en mercancías objeto de especulación, los problemas del hambre se agravan ya no tanto por deficiencias en la producción, sino por fallas en la distribución. Además, nos encontramos ante un desfase entre las necesidades reales de la base frente a las necesidades del mercado, siendo éste un dilema aparentemente difícil de resolver y conciliar.

Pero la agricultura industrial no sólo está generando estos efectos perversos, sino que hay otros que ya afectan considerablemente la sostenibilidad de la vida en el planeta. Entre estos encontramos la degradación y contaminación de la tierra y mares, la sobreexplotación de recursos

estratégicos como el agua, el crecimiento de plagas y enfermedades, la perdida de la biodiversidad, el cambio climático, la modificación de hábitos alimentarios con la consecuente pérdida de conocimiento local, así como el crecimiento de enfermedades relacionadas con la alimentación (obesidad y desnutrición).

Ante tal situación crítica del sistema alimentario, el Movimiento Campesino Mundial aboga por una modificación estructural que dé lugar a un nuevo modelo de agricultura, mismo que parta de reconocer que aun hoy mucho más de la mitad de los alimentos en el mundo siguen siendo producidos por manos campesinas.

En ese sentido, este movimiento impulsa el rescate del concepto de soberanía alimentaria, el cual afirma “el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y, en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable; decidir en qué medida quieren ser autosuficientes; impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del ‘dumping’ (…) da la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables(II)”.

Dicha demanda implica devolver la facultad a las poblaciones el derecho de tomar sus decisiones sobre la producción, distribución y el consumo de alimentos que son desarrollados a nivel local. Además destaca, entre otros aspectos estratégicos, el papel que en la alimentación mundial sustentable y sostenible debe tenerla agricultura campesina, así como sus saberes y prácticas tradicionales; e igualmente abre el espacio para el fomento de la agricultura ecológica, la producción de alimentos orgánicos, la agricultura étnica, el comercio justo, entre otros, que disminuyan la dependencia actual que tiene el mundo respecto de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales.

El proyecto

Como parte del TLC en el TLCAN se proyectó la creación de un Mega-corredor en el Istmo de Tehuantepec para implementar los molinos de aire que permitirían la generación de las energías renovables. En sus inicios, dicho proyecto de Estado, en colaboración con las empresas privadas, plantearon para el año 2003 que habría sólo 100 aerogeneradores, número que actualmente, nueve años después, ha incrementado exponencialmente, pues ahora son 5,000 aerogeneradores que abarcan aproximadamente 100,000 hectáreas de tierras ejidales que corresponden a siete municipios distintos (Castillo, 2011). La consigna del proyecto hacia las comunidades fue que ayudaría a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), se generaría energía limpia y, sobre todo, se apoyaría al desarrollo económico de Oaxaca.

Fue por ello que el proyecto se presentó a las comunidades; en primera instancia, como una opción de generar un ingreso familiar a través de la venta o renta de sus tierras. Muchos de los pobladores de diversos municipios del Istmo de Tehuantepec participaron, puesto que al parecer era redituable poner a trabajar sus tierras ociosas por las condiciones ecológicas de mucho viento, que a veces impide la siembra de huertos familiares. Sin embargo, muchas poblaciones se mantuvieron distantes o alertas frente a este tipo de iniciativas, puesto que lo que estaba en juego eran las tierras y aguas que forman parte de los territorios étnicamente resignificados y reconocidos por el Estado a través de los títulos en su mayoría comunales y ejidales que en cada población se tienen. Haciendo un balance breve encontramos que en los aspectos negativos:

I. Los conflictos por las tierras se han agudizado

II. La degradación de la calidad del paisaje

III. La pérdida de la biodiversidad y la generación de ruido mecánico forman parte de la vida cotidiana de las poblaciones afectadas

IV. Los parques eólicos generan un total de 1,200 megawatts de energía que beneficia a 18 millones de habitantes en la Ciudad de México y a las empresas privadas que venden la energía a la Comisión Federal de Electricidad Castillo, 2011): la distribución del beneficio es inequitativa.

La lucha

Frente a esta situación de desigualdad e injusticia, desde 2008 surgió la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). Este movimiento aglutina a los pueblos del istmo de Tehuantepec, incluidos huaves, zapotecos, mixes, zoques y afrodescendientes con la finalidad de manifestar su repudio y negativa ante el mega proyecto del Corredor Eólico del Istmo, pactado y desarrollado desde mucho  tiempo atrás. Este movimiento busca no sólo manifestarse sin desplegar acciones de movilización política en los medios, sino, a través de la toma de carreteras y los múltiples y continuos encuentros con organismos de la sociedad civil a niveles regional, nacional e internacional, frenar dicho proyecto económico que amenaza los territorios de los que estas poblaciones se sostienen día a día.

Resulta punto nodal comprender que la tierra y el territorio no pueden ser arrancados de sus habitantes pues constituyen su medio de subsistencia; fue por ello que la voz fue alzada:

Esta demanda no busca la visibilización de dichas poblaciones ni que se les trate como enemigos de la modernización del país. Lo que está detrás es toda una propuesta que implica el manejo de bienes comunes y patrimonios colectivos.

A partir de este manejo autónomo es posible:

1) Recuperar las fuentes de obtención de alimentos básicos y primarios

2) Mantener su trabajo y redistribuir la producción alimentaria entre miembros de las regiones

3) Preservar a través de estos manejos, que muchas veces conllevan el conocimiento y manejo de los ciclos naturales, que los campesinos y poblaciones rurales heredan por el contacto cotidiano de la tierra o el agua, los ecosistemas

4) Restablecer las relaciones entre comunidades que muchas de las veces se ven fracturadas por este tipo de intereses económicos externos

5) Manejar responsablemente las tomas de decisiones que desde dentro se generan para restablecer el orden y control de los territorios en los que se habita Este tipo de demandas no deben ser leídas como una revuelta más que se gesta en Oaxaca, sino al contrario, como una lucha legítima y fundamental para comprender que nuestro modelo económico va en detrimento y es depredador de nosotros, grupos étnicos y no étnicos de México.

Conclusiones

La resignificación del concepto-demanda de “Soberanía Alimentaria”, nos exige regresar nuestra mirada a las poblaciones para ver cuáles han sido las estrategias y propuestas actuales que se gestan, no solamente para demandar al Estado que se alimente a la población, sino que se respete, reconozca y legitime a los territorios étnicos, y asegurar los mecanismos locales que permiten la resolución de la desigualdad alimentaria en la que muchas poblaciones viven.

Por lo que, el presente artículo es una reflexión que merece estar en la agenda pública, siempre y cuando seamos capaces de cambiar los paradigmas dominantes.•

Notas

I. Disponible en: http://www.fao.org/cfs/es/. Recuperado: Septiembre 10, 2012.

II. Definición tomada de Peter Ross (2004) del artículo “Soberanía alimentria: Reclamo Mundial del Movimiento campesino” traducido por Adriana Latrónico y María Elena Martínez de su original publicado en Institute for food and Development Policy Bacgroung, vol. 9, no. 4, fall, 2003.

III. Declaratoria “Encuentro de nuestras voces de lucha y resistencia” (30/05/2012), Publicado en Red Mexicana de acción frente al libre comercio, Disponible en: http://www.rmalc.org.mx/principales/decla_eolicas.htm.

Bibliografía

I. Bartra, A. (2008). “Fin de Fiesta: El fantasma del hambre recorre el mundo”, Argumentos, año 21, no. 57, pp. 15-30.

II. Castillo Jara, E. (2011). “Problemática en torno a la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec”, Desarrollo Local Sustentable, vol, 4, no. 12. Disponible en: www.eumed.net/rev/delos/12/ecj.html

III. Sharma, A. and Gupta, A. (2006). Anthropology of the State: A reader. Wiley- Blackwell Publishing Professional.