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El PND y la igualdad de género

por Carlos Javier Echarri Cánovas

Genero

Un aspecto novedoso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) es que incluye tres Estrategias Transversales: i) Democratizar la Productividad; ii) Un Gobierno Cercano y Moderno; y iii) Perspectiva de Género en todas las acciones de la presente Administración. Es decir, se trata del primer PND que incorpora una perspectiva de género como principio esencial


De manera adecuada, en el PND se “considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres”, esto es, va más allá de la mera igualdad en las leyes para referirse a la igualdad de resultados. En particular, contempla “la necesidad de realizar acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación”.

De igual forma, en el Plan de acción: consolidar el papel constructivo de México en el mundo, de la quinta de las metas nacionales “México con Responsabilidad Global”, se establece que “es fundamental contribuir al cumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Asimismo, se fomentará la protección de los derechos de las mujeres migrantes para prevenir la violencia, la trata y el secuestro”.

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En este sentido, y atendiendo a la importancia de trabajar para atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, resulta importante analizar desde una perspectiva de género lo que plantea el PND en las Metas nacionales:

Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública

Si bien en las Líneas de acción correspondientes a la Estrategia 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia no se puede apreciar la especificidad de la violencia contra las mujeres, sí hay que resaltar que se pretenda “Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”. De hecho, esto debería ser un rasgo transversal de todo el PND: la rendición de cuentas mediante el seguimiento y la evaluación de acciones.

Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente

La Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad hace referencia a la eficacia en la investigación y persecución del delito, para lo cual resulta imprescindible “*Implementar un sistema de información institucional único que permita la integración de las diferentes bases de datos existentes”, con una perspectiva de derechos humanos.

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Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación

El tema de la información relacionado con los asuntos de género lo volvemos a encontrar en las líneas de acción de la Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos, cuando se establece la necesidad de “Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas”, así como de “Dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y promover una política pública de prevención a violaciones de derechos humanos”. En el mismo Objetivo, en las líneas de acción de la Estrategia 1.5.2. Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación, se pretende “*Promover larecopilación de datos de todas las formasde violencia contra los niños, niñas y adolescentes,que asegure un monitoreo, evaluacióny retroalimentación sistemática”,en tanto que la Estrategia 1.5.3. se refierea Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos, y la Estrategia1.5.4. está dirigida a Establecer una política de igualdad y no discriminación.

Asimismo, en las líneas de acción dela Estrategia III Perspectiva de Género,del Enfoque transversal “México en Paz”,se postula la erradicación de la violenciade género y el fortalecimiento del BancoNacional de Datos e Información sobreViolencia contra las Mujeres. En aquellascorrespondientes a la Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal del Objetivo2.3 –Asegurar el acceso a los servicios desalud– se pretende “Fomentar el procesode planeación estratégica interinstitucionale implantar un proceso de informacióny evaluación acorde con ésta”.

Los indicadores propuestos en los temas de nuestro interés son por un lado el VII.A.4, Índice de Desigualdad de Género (IDG), el cual refleja la desventaja de las mujeres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, a través de cinco indicadores: 1) Tasa de Mortalidad Materna; 2) Tasa de Fecundidad Adolescente; 3) Mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa; 4) Participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios; y 5) Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral. El segundo es el VII.1.2 –Tasa de Victimización– que mide el número de víctimas de la delincuencia por cada 100,000 habitantes.

Comentarios sobre los indicadores

Por lo que toca a los indicadores, comenzaremos por algunas apreciaciones sobre el Indicador VII.A.4. Índice de Desigualdad de Género. Cabe señalar que en 1995, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) presentó el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) con enfoque de género, en el que se presentaron el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG). Estos fueron los primeros índices compuestos originalmente diseñados para reflejar las disparidades de género en las capacidades básicas a nivel mundial y resultan especialmente útiles para crear conciencia sobre cuestiones relacionadas con el género en el contexto del desarrollo humano.

En la literatura pueden encontrarse distintas críticas tanto al IDG como al IPG por sus limitaciones conceptuales y metodológicas (véase Kalpana Bardhan y Stephan Klasen 1999, 2000; A. Geske Dijkstra y Hanmer Lucia 2000; A. Geske Dijkstra 2002; Stephan Klasen 2006; A. Geske Dijkstra 2006; Charmes y Wieringa, 2003; Schüler¸ 2006; Beteta, 2006), pero, además de las críticas, se han propuesto muchos índices de bienestar relacionados con el género, los cuales no están exentos de deficiencias que limitan de alguna manera su utilidad y pertinencia como índices globales de la desigualdad de género (Hawken y Munck, 2009, Permanyer, 2010 y Bericat, 2011).

Incluso, en un intento de superar algunos de los problemas identificados por los diferentes investigadores durante los últimos quince años, el Reporte sobre el Desarrollo Humano 2010 ha presentado una nueva medida: el Índice de Desigualdad de Género (IDG). El Índice de Desigualdad de Género ha sido diseñado para superar las limitaciones más importantes de la IDG y IPG. Este índice ha sido diseñado para capturar desventaja de la mujer en tres dimensiones de empoderamiento, la actividad económica y la salud reproductiva de 138 países de todo el mundo. Para ello ha propuesto (i) nuevas dimensiones para captar la desigualdad de género y (ii) una nueva forma funcional para resumir la información multidimensional en un número real que se puede utilizar el tiempo para comparar el desempeño de los países en el tiempo.

De esta manera, aunque el PND presente el Indicador VII.A.4. Índice de Desigualdad de Género, es necesario resaltar que éste incluye indicadores que comparan el rendimiento relativo de los hombres y de las mujeres (3, 4, 5) junto con indicadores específicos para las mujeres (1,2), por lo que no mide la desigualdad de género.

Por ejemplo, al considerar el Indicador VII.1.2. Tasa de Victimización no podemos dejar de señalar que son necesarios indicadores que se refieran a la desigualdad de género en la victimización. De esta manera, resulta imprescindible rehacer el BANAVIM, e incluir indicadores de delitos cuya baja prevalencia dificulta su análisis mediante encuestas. En general, hay que rediseñar el sistema de información de procuración e impartición de justicia bajo una perspectiva de género y de rendición de cuentas, de tal manera que permita identificar hechos, denuncias, víctimas, delincuentes y condenas de manera conjunta.

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La salud reproductiva

El PND está estructurado en cinco Metas Nacionales, de las que la segunda se denomina “México Incluyente”, en la cual se establece: “La presente Administración pondrá especial énfasis en proveer una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía, sean un factor determinante en su desarrollo. Una seguridad social incluyente abatirá los incentivos a permanecer en la economía informal y permitirá a los ciudadanos enfocar sus esfuerzos en el desarrollo personal y la construcción de un México más productivo”.

Por lo que toca a los aspectos de salud reproductiva, como parte del diagnóstico se reconoce la dificultad de alcanzar la meta de 22 defunciones maternas por cada 100,000 nacidos vivos propuesta para 2015 como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El reconocimiento en el diagnóstico de la dificultad de alcanzar la Meta 5.A: Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015 de los ODM nos hace preguntarnos si tendrá algo que ver con no tomar en cuenta la información existente para la planeación de la provisión de servicios de atención al embarazo y el parto. Asimismo, en lo que se refiere a la Meta 5.B –Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva– más que simplemente considerar la reducción de la fecundidad adolescente en el Indicador VII.A.4, habría que tomar en cuenta el abatimiento de la demanda insatisfecha, así como indicadores que involucren a varones y a otros ámbitos de la sexualidad y reproducción.

Necesitamos indicadores específicos para salud sexual y reproductiva, provenientes de registros administrativos, no sólo de encuestas. Es necesario transitar a indicadores basados en derechos, en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y en compromisos internacionales, que den cuenta no sólo de los resultados, sino también de los procesos.•

Referencias:

I. Bardhan, Kalpana y Stephan Klasen (1999), “UNDP’s gender-related indices: a critical review”, World Development, 27, pp. 985–1010.

II. Bardhan, Kalpana y Stephan Klasen (2000), «On UNDP’s Revisions to the Gender-Related Development Index», Journal of Human Development 1(2): 191–5.

III. Benería, Lourdes e Iñaki Permanyer (2010), «The Measurement of Socio-economic Gender Inequality Revisited», Development and Change 41(3): 375–399.

IV. Bericat, Eduardo (2011), «The European gender equality index: Conceptual and analytical issues», Social Indicators Research, 108(1):1-28.

V. Beteta, H. C. (2006), “What is missing in measures of women’s empowerment?”, Journal of Human Development, 7(2), 221–241

VI. Branisa, Boris, Stephan Klasen, y Maria Ziegler (2009), «New Measures of Gender Inequality: The Social Institutions and Gender Index (SIGI) and its Subindices», Courant Research Centre Poverty, Equity, and Growth Discussion Paper 10, University of Göttingen.

VII. Charmes, Jacques y Saskia Wieringa (2003); «Measuring Women’s Empowerment: An assessment of the Gender-related Development Index and the Gender Empowerment Measure», Journal of Human Development, 4(3):419-435.

VIII. Dijkstra, A. Geske (2002), «Revisiting UNDP’s GDI and GEM: Towards an Alternative», Social Indicator Research 57(3): 301–38.

IX. Dijkstra, A. Geske (2006), «Towards a Fresh Start in Measuring Gender Equality: A Contribution to the Debate», Journal of Human Development 7(2): 275–84.

X. Dijkstra, A. Geske y Lucia C. Hanmer (2000), «Measuring Socio-Economic Gender Inequality: Towards an Alternative to the UNDP Gender-Related Development Index», Feminist Economics 6(2): 41–75.

XI. Hausmann, R., Tyson, L. D. A., y Zahidi, S. (2008), The global gender gap report 2008, World Economic Forum.

XII. Hawken, A. y Munck, G. (2009), “Cross-national indices with gender-differentiated data: What do they measure? How valid are they?”, Technical background paper for the forthcoming UNDP Asia Pacic Human Development Report on gender.

XIII. Jütting, JP et al. (2006), «Measuring Gender (In)Equality: Introducing the Gender, Institutions and Development Data Base (GID)», OECD DEVELOPMENT CENTRE Working Paper N° 247.

XIV. Klasen, Stephan  y Schüler, Dana  (2011), «Reforming the Gender Related Development Index and the Gender Empowerment Measure: Implementing Some Specific Proposals», Feminist Economics, 17:1, 1-30

XV. Klasen, Stephan (2006), «UNDP’s Gender-Related Measures: Some Conceptual Problems and Possible Solutions.», Journal of Human Development, 7(2): 243–74.

XVI. Morrisson,  y JP Jütting (2005), «Women’s discrimination in developing countries: A new data set for better policies», World Development, 33(7): 1065–1081.

XVII. Permanyer, Iñaki (2008), “On the Measurement of Gender Equality and Genderrelated Development Levels”, Journal of Human Development, 9(1):87-108.

XVIII. Permanyer, Iñaki (2010), “The Measurement of Multidimensional Gender Inequality: Continuing the Debate”, Social Indicators Research, 95:181–198.

XIX. Plantenga, Janneke et al. (2003), «Towards an EU gender equality index: Feasibility study commissioned by and presented to the European Commission», Utrecht School of Economics, Utrecht.

XX. Schüler, Dana (2006), «The Uses and Misuses of the Gender-Related Development Index and the Gender Empowerment Measure: A Review of the Literature», Journal of Human Development 7(2): 161–82.

XXI. UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) (2004), The African Gender and Development Index,  Addis Abeba, Etiopía, UNECA.

XXII. Unterhalter, Elaine (2006), Measuring gender inequality in education in South Asia, UNICEF Regional Office for South Asia.

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