Faltan menos de 12 días para que se lleve a cabo la elección presidencial, quien resulte electo estará obligado a promover un amplio diálogo nacional para definir un programa de gobierno incluyente y redefinir las prioridades nacionales
Para ello, es vital que se reconozca que el mandato del artículo 1º constitucional es incompatible con el modelo de desarrollo vigente y que la garantía, interpretación y cumplimiento integral de los derechos humanos implica la construcción de un poderoso Estado de Bienestar, sustentado a su vez en una sólida arquitectura institucional garante de las libertades y capaz de ampliar los marcos de referencia y ejercicio de las mismas.
Por ello, preocupa el contexto de la elección: hay evidencia para pensar que la pobreza y muy probablemente la desigualdad se han incrementado de 2016 a la fecha. El país sigue sufriendo los efectos de la devaluación del peso frente al dólar, de la inflación y del crecimiento de la deuda pública, pero también de un modelo de desarrollo que no sólo es inviable por sus consecuencias sociales, sino porque compromete la viabilidad ecológica de nuestra sociedad.
En efecto, de acuerdo con Oxfam México, “nuestro país está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Las brechas entre ricos y pobres son tan marcadas, que en nuestro país vive el hombre más rico de América Latina junto con más de 50 millones de personas pobres”. Además, “la riqueza de los mexicanos más ricos en 2017 fue de 116 mil millones de dólares, esto significa que las 10 personas más ricas de México acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre” del territorio nacional.
Asimismo, los datos del Coneval revelan que 43.6% de la población total del país vive en condiciones de pobreza, esto es 53.4 millones de personas, de las cuales 9.4 millones se encuentran en pobreza extrema, y sólo 22.6% de los mexicanos no es pobre ni vulnerable.
Destaca, sin embargo, que en lo que respecta al ámbito económico, las propuestas de los tres candidatos con probabilidades de triunfo presentan similitudes: mantener la estabilidad macroeconómica y no cobrar más impuestos; lo que implica una renuncia a construir una nueva generación de políticas para el combate a la desigualdad y reducción efectiva de la pobreza en todas sus dimensiones.
Hasta ahora, como se demostró durante las campañas y en particular en el tercer debate presidencial, no se han presentado, sino propuestas aisladas, que impiden conocer cuál es la visión social de quienes aspiran a gobernarnos, y en términos estrictos, ninguno de los candidatos ha propuesto una nueva política de desarrollo social a la par de una nueva política de desarrollo económico basada en tres pilares: trabajo digno, desarrollo sostenible e igualdad sustantiva para toda la población.
No queda duda, quien gane debe ser capaz de romper con la lógica perversa de la acumulación grosera de la riqueza; en síntesis, debe ser capaz de generar una nueva lógica de gobierno que asuma la reducción de la desigualdad como el gran objetivo del desarrollo y con ello reducir mucho más aceleradamente la pobreza que tanto azora al país.
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