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Muertes que no cuentan

por Adriana Lobo

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En 2013, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA) reportaba un total de 15,856 muertos por incidentes viales, sin embargo, el titular en turno mencionaba que las cifras reales podrían llegar a 24,000 muertos, dado que existía una importante cantidad de accidentes que no se reportaban. En el mismo periodo, INEGI daba una cifra de 5,058 muertos por la misma causa.


Si estos fueran aviones Airbus A320 cayéndose, tendríamos dos fuentes oficiales: una diciendo que caen dos aviones cada semana, y otro reportando la caída de un avión cada dos semanas. Esto sin duda despierta inquietudes, pero es preciso analizar a fondo qué está sucediendo en los tres niveles de gobierno para identificar muy bien las causas y poder brindar posibles soluciones que nos permitan atender la problemática real: en las calles y carreteras está muriendo gente en incidentes viales y los esfuerzos no han sido suficientes para detener este problema.

Enseguida brindamos algunos de los principales retos que en EMBARQ México creemos que es necesario atender con mayor urgencia:

Información de baja calidad

Uno de los elementos más importantes para la planeación de estrategias, programas y proyectos para reducir los incidentes de tránsito es la información. En este aspecto existe una enorme área de oportunidad para mejorar la calidad referente a siniestralidad, principalmente a nivel local.

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La información existente no solo se esconde por considerarse por muchas autoridades como delicada, sino que es limitada dado el proceso desde su colecta y la multiplicidad de actores que participan en el reporte de un incidente vial. Es decir, distintas dependencias como la policía vial, servicios de emergencias, protección civil, ministerio público, servicios médicos forenses y aseguradoras privadas recogen información con distintas variables desde su propia jurisdicción y competencia (sin existir una base de datos que logre unificar esta información).

Esta dispersión dificulta una eficiente gestión de la seguridad vial que permita fijar metas, estructurar acciones, coordinar a los actores involucrados en cuatro distintos tiempos: la prevención del accidente, la atención de víctimas, su rehabilitación y la investigación de las causas que permita generar un círculo de mejora constante en aspectos de infraestructura, comportamiento del usuario y condiciones del vehículo.

Dispersión de actores

Parte de la problemática está inmersa en la dispersión de las distintas entidades que participan de una u otra forma en la gestión de la seguridad vial, cada uno desde su propia jurisdicción, competencia y responsabilidad. La gestión integral involucra la atención de los distintos aspectos de seguridad vial, que se considera tiene cuatro distintos procesos: el diseño de políticas institucionales; la administración de la información (precedida por la colecta de datos de incidentes viales); un proceso de investigación, planeación y desarrollo; y, por último, la ejecución de acciones encaminadas a atender temas englobados en infraestructura, comportamiento de los usuarios de la vía, y acciones enfocadas a mejorar las condiciones de los vehículos y los dispositivos de seguridad con los que estos cuentan o deben de ser provistos.

Con el afán de brindar claridad en este aspecto, a continuación mencionamos las principales entidades que encabezan la lista de actores. A nivel Federal las secretarías de: Comunicaciones y Transportes, Economía,  Hacienda y Crédito Público, Salud y finalmente el Instituto Mexicano del Transporte. A nivel estatal, comúnmente participan las secretarías o direcciones generales encargadas de Infraestructura y Obras Públicas, Vialidad y Transporte (o Movilidad), Administración, Salud Estatal y la Fiscalía o Seguridad Pública. Finalmente, a nivel municipal se cuenta con la participación de Obras Públicas, Dirección de Ordenamiento Territorial o similar, los servicios de emergencias, protección civil, policía municipal, el ministerio público y, donde aplica, la Dirección de Movilidad.

Normativa no adecuada

Los reglamentos y normas a nivel federal, estatal y local están enfocados todavía a la gestión del tránsito. La seguridad vial es considerada como un problema de tránsito y no cuenta con un enfoque de salud pública, aunque las cifras lo situarían como una epidemia.

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No existen todavía normas y reglamentos orientados específicamente a la adecuada gestión de la seguridad vial que desde nivel federal, y bajando a los niveles estatales y locales, logren establecer los lineamientos que faciliten la definición de estrategias, programas y proyectos para ser coordinados interinstitucionalmente.

Con este panorama, lo que se evidencia es la necesidad de atender de manera inmediata el soporte normativo e institucional que permita atender la seguridad vial con un enfoque de salud pública. Esto implica la revisión de la normativa federal, estatal y local y su articulación para lograr una eficiente gestión de la seguridad vial. Asimismo, es preciso establecer un arreglo institucional que defina competencias, funciones y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Creemos que un camino hacia esta solución es la expedición de una Ley Nacional de Seguridad Vial que direccione hacia la regulación de los aspectos mencionados y la búsqueda de fuentes de financiamiento para los planes, programas y proyectos, que favorezca brindar continuidad en la ejecución de las acciones, y finalmente exista un proceso de medición continuo de los indicadores y metas que se establezcan.

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Sin este marco, creemos que será complicado contar con la institucionalidad requerida para afrontar la problemática y llegar a metas reales en reducción de fatalidades por incidentes viales.

Adriana Lobo
Directora Ejecutiva del CTS EMBARQ México. Es Ingeniera Civil por la Escola Politécnica de la Universidad de Sao Paulo y cursó la Maestría en Administración de Empresas, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.  @AdrianaEMBARQ  CTS EMBARQ México www.embarqmexico.org

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