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Una nueva política para el desarrollo rural en América Latina

Una nueva política para el desarrollo rural en América Latina

Por Chiara Cazzuffi e Isidro Soloaga

Existe un acuerdo en que América Latina necesita una nueva política para el desarrollo rural. El enfoque territorial está cada vez más presente en los discursos, pero se necesita todavía más evidencia para entender qué dinámicas territoriales favorecen el bienestar de las personas que viven en zonas rurales.

La visión obsoleta de pensar lo rural como lo aislado y solo asociado a la agricultura es todavía muy común y es aquí que resulta fundamental repensar las zonas rurales tanto en sí mismas como en su interacción con las ciudades aledañas.

Así, resulta necesario introducir el concepto de “vínculos urbanos-rurales”, el cual refleja la creciente interconexión entre áreas urbanas y rurales a través de flujos de personas, bienes, servicios, dinero y servicios medioambientales.

Existe evidencia de que estos vínculos urbanos-rurales contribuyen al crecimiento y a la reducción de la pobreza en las áreas rurales, y que su contribución es mayor a la que surge del crecimiento de las ciudades grandes (Berdegué et al., 2015 y Christiaensen& Todo, 2016).

Sin embargo, queda mucho por aprender sobre la relación entre un concepto más amplio de bienestar y las características de estos territorios rurales-urbanos, espacios intermedios entre la metrópolis y lo rural profundo, y expresión de los vínculos urbanos-rurales.

¿Cómo medir el bienestar de las personas que viven en los territorios rurales-urbanos? El Programa Transformando Territorios investigó la relación entre las características de los territorios rurales-urbanos de Chile, Colombia y México y tres grandes dimensiones del bienestar de las personas.

La primera dimensión es la movilidad social: ¿en qué medida las características del hogar de origen determinan el nivel de logro de las personas, y qué peso tiene el territorio?

La segunda es la vinculación de las personas con los mercados laborales y de alimentos, y con la participación ciudadana: ¿qué características territoriales favorecen una mayor inclusión de las personas en los mercados y en la vida social y política de su entorno?

La tercera dimensión del bienestar es la proyección de las personas hacia el futuro: ¿cómo ven las personas su futuro en estos territorios, y hasta qué punto el territorio determina sus aspiraciones?

Los resultados muestran los límites de las políticas focalizadas en las personas y en los resultados que éstas pueden lograr individualmente ya que chocan con barreras que son propias de los territorios.

Así, por ejemplo, en los tres países analizados, un joven que vive en un territorio desventajado tiene el 30% menos de probabilidad de lograr niveles educacionales mayores que sus padres, comparado con un joven con las mismas características, pero que vive en un territorio con mejor conectividad y mayor dinamismo económico y acceso a servicios. Lamentablemente, esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres.

Además de esta baja movilidad, el territorio influye en la probabilidad de participar en el mercado del trabajo y en la calidad del trabajo que se consigue. El peso del territorio se hace aún más fuerte en el caso de las mujeres.

Por ejemplo, una mujer que vive en un territorio con poco acceso a servicios, poca diversificación de oportunidades laborales y sistemas de género más conservadores tiene un 20% menos de probabilidad de trabajar por ingreso fuera del hogar y un 35% más de probabilidad de vincularse al mercado del trabajo a través del autoempleo informal, comparado con una mujer con las mismas características pero que vive en un territorio con condiciones más favorables. Esta brecha aumenta en el caso de las mujeres jóvenes.

No es una sorpresa entonces observar que el territorio influye también en cómo se proyectan las personas, lo cual puede medirse a través de conocer las aspiraciones educativas de los padres para sus hijos.

En particular, territorios que han tenido una trayectoria de mejoras en inclusión favorecen aspiraciones educativas más altas. Por otro lado, el territorio tiene una influencia más fuerte en los logros educativos de los niños, y se va diluyendo entre los jóvenes a medida que su edad aumenta.

Una de las conclusiones más directas derivadas de estos resultados es que tiene que haber una política pública que contemple explícitamente las oportunidades y restricciones que los territorios generan.

Por ejemplo, una política de capacitación para impulsar la inserción de las mujeres en el mercado del trabajo no será suficiente si no viene acompañada por una oferta adecuada de servicios de cuidado de niños y adultos mayores.

Por otro lado, políticas de transferencias condicionadas para impulsar la asistencia a la escuela necesitan ir acompañadas por otras medidas que atiendan la oferta educativa del territorio.

Al mismo tiempo, intervenciones dirigidas solamente a aumentar los niveles educativos en los jóvenes son insuficientes a la hora de facilitar su adecuada inserción laboral si no son acompañadas por un proceso de transformación productiva que amplía la estructura de oportunidades en los territorios en los que viven.

En este sentido, se necesitan políticas de desarrollo territorial para contribuir a un proceso de transformación productiva e institucional que nivele las oportunidades de las personas independiente del lugar donde nacen y crecen.

Chiara Cazzuffi es investigadora de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, e Isidro Soloaga es investigador de la Universidad Iberoamericana

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