por UNICEF / CONEVAL
La pobreza es un fenómeno cuya naturaleza y efectos son multifacéticos. El análisis asociado predominantemente a los ingresos monetarios ha evolucionado hacia nuevos desarrollos conceptuales de carácter multidimensional. Varios países y organizaciones han incorporado esta perspectiva en sus análisis de la pobreza, lo que significa dejar de verla solamente como un problema de escasez o insuficiencia de recursos económicos y reconocer que la población en pobreza, al igual que todas las personas, tiene derechos fundamentales cuyo cumplimiento se ve obstaculizado, precisamente, por vivir en esta situación.
La pobreza en la infancia, por otra parte, presenta características particulares que dan a su atención un sentido de urgencia y prioridad: tiene una mayor probabilidad de volverse permanente; sus efectos son, en muchos casos, irreversibles y las potencialidades para su reproducción en el futuro son mayores.
En un contexto en el que el Estado mexicano ha reforzado su compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y de la infancia, como lo ejemplifican las reformas constitucionales recientes en la materia (II), analizar la pobreza infantil y proponer respuestas de política pública para superarla implica una apuesta estratégica para el desarrollo del país, ya que del éxito de dichas respuestas dependen en gran medida sus posibilidades de desarrollo económico y fortalecimiento de la cohesión social.
La metodología de medición de la pobreza en México desarrollada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política e Desarrollo Social (CONEVAL) (III) es una herramienta analítica valiosa en sí misma, pero es particularmente relevante para comprender mejor las aristas, complejidad y heterogeneidad de la pobreza infantil, ya que, además de la dimensión de los ingresos, valora el cumplimiento básico de sus derechos sociales.
Como se puede observar en el cuadro anterior, la proporción de población infantil y adolescente en situación de pobreza y pobreza extrema es superior a la observada en la población adulta. No obstante, la pobreza extrema (V) disminuyó entre 2008 y 2012 en una proporción mayor entre la población menor de 18 años, al pasar de 13.2% a 10.8%, mientras que entre la población adulta pasó de 9.1 a 7.9%.
Cabe señalar que en este período, principalmente entre 2008 y 2010, hubo un deterioro significativo de los niveles de ingreso de los hogares en México, especialmente en aquellos con menores de 18 años, los cuales no han vuelto a los niveles preexistentes. La proporción de la población de 18 años o más con un ingreso insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias pasó de 43.7% a 47.1% entre 2008 y 2010, mientras que en 2012 se ubicó en 46.8%. Entre la población de 0 a 17 años este nivel se incrementó de 58.1% a 61.0% entre 2008 y 2010, para alcanzar 61.2% en 2012.
Es importante destacar que disminuyó la mayoría de las carencias sociales entre la población infantil y adolescente. Entre las reducciones más notables se encuentra la relacionada con el acceso a servicios de salud, que pasó de 39.0% en 2008 a 19.7% en 2012. En esta carencia la proporción de población adulta que la padece fue superior a la menor de 18 años en 2012, ya que se ubicó en 22.5%.
Por otra parte, a pesar de presentar un decremento de poco más de ocho puntos porcentuales en el período señalado (de 73.9% a 65.5%), la carencia por acceso a la seguridad social continuó siendo la que afectaba a una proporción más elevada tanto de la población infantil y adolescente como de la adulta, para la cual alcanzó un 59%.
En el caso del rezago educativo, la disminución entre 2008 y 2012 fue de 2 puntos porcentuales entre la población menor de 18 años (al pasar de 10.5% a 8.5%), cifra que representa una tercera parte de la población adulta que padece esta carencia (24.7%). En 2012, las niñas, los niños y las y los adolescentes tuvieron una proporción mayor de carencia respecto de los adultos en los indicadores relacionados con la vivienda: 18.5% de ellos experimentaron carencia por calidad y espacios de la vivienda, y 17.8% por acceso a los servicios básicos de la vivienda, en tanto que para la población mayor de 18 años estas carencias fueron de 11.1% y 13.6%, respectivamente.
De esta forma, a pesar del deterioro experimentado en los años referidos en la dimensión del ingreso, la mejoría en la mayoría de los indicadores de carencia social ha mantenido relativamente estable tanto el número como el porcentaje de las niñas, los niños y las y los adolescentes en situación de pobreza. No obstante, persiste una alta proporción de esta población que tiene carencias sociales: en 2012 tres de cada cuatro (75.9%) tenían al menos una carencia social y uno de cada cinco (22.74%) presentaba al menos tres carencias. Para la población de 18 años y más estas proporciones fueron de 72.8% y 21.2%, respectivamente.
Mención especial merece el único indicador de carencia social que presentó una tendencia desfavorable entre 2008 y 2010, y que en 2012 no pudo volver al nivel en el que se encontraba en 2008. Se trata de la carencia por acceso a la alimentación, que entre la población menor de 18 años pasó de 25.7% en 2008 a 29.4% en 2010, mientras que en 2012 fue de 28.2%, lo que significa que continúa afectando a un tercio de la población en este grupo de edad.
El empeoramiento en las condiciones de seguridad alimentaria de la población infantil y adolescente se había observado previamente en un estudio de UNICEF y el CONEVAL (VI) que demostró que el porcentaje de hogares que experimentaron inseguridad alimentaria severa pasó de 8% a 17% entre 2008 y 2009, al tiempo que de 53% de hogares con personas menores de edad que se encontraban en situación de seguridad alimentaria en 2008, se pasó a 43% en 2009. Datos más recientes derivados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) dan cuenta de que 70% de los hogares reportaron algún grado de inseguridad alimentaria y que la inseguridad alimentaria severa afectaba de manera similar a los hogares del medio rural y del medio urbano (13% y 10%, respectivamente).
El análisis de la pobreza en la infancia y la adolescencia permite apreciar la coexistencia de dimensiones de desigualdad que afectan el cumplimiento de sus derechos. De acuerdo con el estudio realizado por UNICEF y el CONEVAL “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010” (VII), la probabilidad de que un niño o adolescente sea pobre no presenta diferencias por sexo, pero es relativamente mayor para la niñez indígena (76.2% de la población menor de 18 años que habita en un hogar en el que se habla lengua indígena se encontraba en pobreza en 2010, mientras que para la población en general la incidencia era de 46.2%) y para aquellos que viven en hogares ampliados, con una tasa de dependencia más alta, donde el(la) jefe(a) de hogar tiene menos años de escolaridad o es de menor edad, y donde hay menos personas que participan en el mercado de trabajo (VIII).
El análisis sobre la pobreza infantil demuestra que la población que la padece no es un grupo compacto ni homogéneo, por lo que comprender mejor su heterogeneidad y las disparidades persistentes dentro de la propia población infantil y adolescente en pobreza brinda una base para plantear alternativas que permitan dirigir de manera más eficaz las acciones de política pública para superarla.•
Notas y Referencias:
I. El presente artículo se basa en las mediciones de la pobreza efectuadas por el CONEVAL en los años 2008 a 2012, así comoen el estudio elaborado por UNICEF y el CONEVAL titulado “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010”. Disponible en http://www.unicef.org/mexico/spanish/UnicefPobreza_web_ene22(1).pdf.
Para efectos de contar con una serie de comparación estricta más larga, las comparaciones se realizaron con base en los datos de pobreza sin considerar el tipo uso de combustible que se utiliza para cocinar en la estimación del indicador de carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda.
II. Entre las que destacan el reconocimiento expreso de los derechos humanos y la obligación de todas las autoridades de promoverlos y garantizarlos (artículo primero), y la elevación a rango constitucional del principio del interés superior de la niñez como elemento rector de las políticas públicas dirigidas a este grupo de la población (artículo cuarto), ambas aprobadas en 2011.
III. La medición de pobreza desarrollada por CONEVAL es la primera medición oficial de pobreza a nivel mundial que adoptó una aproximación multidimensional basada en los derechos humanos. Esta metodología considera de manera simultánea las condiciones de vida de la población en tres espacios analíticos: el bienestar económico (ingreso corriente total per cápita); las carencias en el ejercicio de los derechos sociales (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación), y el contexto territorial, visto a través de medidas del grado de cohesión social, como la desigualdad en el ingreso, el acceso a redes sociales y la polarización social. Con base en los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, esta metodología no pondera con mayor peso a ninguno de los derechos sociales. La selección de los derechos sociales incluidos se realiza a partir de criterios normativos enunciados en la Ley General de Desarrollo Social. (CONEVAL, 2010; UNICEF-CONEVAL, 2013).
IV. La población en situación de pobreza tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar económico (LBE) —equivalente al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes— y tiene una o más carencias sociales. En agosto de 2012, el monto de la LBE ascendía a 2,328 pesos en el ámbito urbano y a 1,489 pesos en el ámbito rural. Véase la página www.coneval.gob.mx
V. Se define en situación de pobreza extrema a la población que vive en hogares con un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades alimentarias, aun si lo dedicara exclusivamente para este fin, es decir, tiene un ingreso menor que el valor de la línea de bienestar mínimo (LBM), y experimenta tres o más carencias sociales.En agosto de 2012, la LBM ascendía a 1,125 pesos en el ámbito urbano y a 800 pesos en el ámbito rural. Véase la página www.coneval.gob.mx
VI. UNICEF-CONEVAL, 2010. La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el caso de México., UNICEF-CONEVAL.México, 2010. Disponible en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_CrisisUNICEFbaja.pdf
VII. Cabe señalar que dicho estudio se elaboró previamente a la publicación de las más recientes proyecciones de población elaboradas por el CONAPO y al ajuste de los factores de expansión del MCS-ENIGH realizados por el INEGI para la encuesta de 2012.
VIII. En los hogares de baja dependencia demográfica, la incidencia de la pobreza en la población infantil y adolescente era de 42.0 por ciento, mientras que en los hogares con una tasa alta el valor de este indicador era de poco menos de 60 por ciento. Por otra parte, 75.1 por ciento de los niños que viven en un hogar cuyo jefe (a) no tiene escolaridad o cuenta con primaria incompleta se encontraba en situación de pobreza; pero cuando tenían la secundaria o más, este porcentaje era 37.2 por ciento. Los hogares con jefes (as) más jóvenes, menores de 29 años, también presentaron una incidencia de pobreza superior a aquellos encabezados por personas de edad intermedia.
