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Un referente importante en un sistema político que se dice democrático es, entre otros factores, la fortaleza de sus instituciones frente a los poderes del propio Estado. Esto enaltece no solo nuestra democracia, sino a la propia población en razón de que las diversas resoluciones que dictan los entes públicos generan un sano equilibrio que hacen preservar el Estado de Derecho y éste, debe ser siempre el fin último de un Estado.
Un ejemplo de la trascendencia que diversas instituciones toman con relación al ejercicio del poder público lo encontramos en la reciente determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) que, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias estableció ordenar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a detener la distribución y entrega de cartas por medio de las cuales se ofrecen créditos personales con actividad empresarial y que, para sorpresa de todos, están firmadas por el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en violación al mandato constitucional, concretamente a su artículo 134.
Entre otros referentes jurídicos, dicho ordenamiento legal establece que “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
En razón de lo anterior, dicha Comisión del INE analizó las quejas presentadas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), refiriéndose a la promoción personalizada referida en dicho mandamiento constitucional.
El INE, en un primer estudio, analizó dos versiones de cartas que fueron entregadas por autoridades del IMSS los cuales consideró que contenían elementos de promoción personalizada toda vez que “resultan ajenos e innecesarios para informar a las personas beneficiarias del crédito, las modalidades y requisitos para su entrega”.
Consecuentemente a estas dos cartas, el IMSS entregó un tercer modelo de carta sin que en ella apareciera ya el nombre de Andrés Manuel López Obrador que sirvió sólo para que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no dictara medidas cautelares sobre esta carta. Sin embargo, la Comisión considero que esta tercera versión no podría servir de base para echar abajo la adopción de medidas cautelares sobre las dos cartas anteriores.
La Comisión determinó ordenar al IMSS detener cualquier tipo de exhibición o difusión de las dos primeras cartas a través de cualquier medio o modalidad, incluyendo, por supuesto, las redes sociales.
De igual forma, y aspecto que me parece de suma importancia que acredita la independencia de una institución como lo es nuestro órgano nacional electoral, el INE señaló que tiene diversos expedientes abiertos en contra de servidores públicos que, presumiblemente, en el periodo de la contingencia sanitaria, han realizado actos contrarios al citado artículo 134 constitucional.
Comparto la posición tomada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que busca generar que los diversos programas dirigidos a la población no contengan, presumiblemente, un tinte político y menos electoral. También, se vinculó a la Presidencia y a la Secretaría de Economía para que coadyuven en el cumplimiento de las medidas adoptadas por el INE.
Recordemos que no es la primera vez que el INE se manifiesta en el mismo sentido, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de los llamados “servidores de la nación” que, luego del análisis del INE en su oportunidad ya no portan la imagen en su indumentaria de Andrés Manuel López Obrador.
Lo más preocupante de estos actos está en la proximidad de las elecciones del año que entra que, de acuerdo a la normatividad electoral federal, el proceso electoral más grande de nuestra historia comenzará en el mes de septiembre de este año.
Ojalá y los actores políticos puedan entender que aquellas viejas prácticas usadas en el pasado lo único que han generado es confrontación con otros actores políticos y que los procesos electorales tengan que dirimirse en los órganos jurisdiccionales y, como resultado, mermamos nuestra democracia y generamos apatía de la población al momento de ir a votar a las urnas.
Bien por el INE que, una vez más, demuestra ser una institución autónoma que no está supeditada, en términos generales, a ningún poder consagrado en nuestro Sistema Político Mexicano.
¡Hasta la próxima!
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